Si tuvo dudas al principio, la policía tucumana no dudó, en absoluto, cuando comprobó que la fisonomía del detenido no solo no coincidía con la foto del documento, sino que era igual a la que había sido difundida en todas las comisarías del país, pidiendo su captura. Menos aun, cuando en un bolsillo interior de la campera fue hallada la verdadera cédula de identidad de la persona buscada.
Trasladado entonces a la Brigada de Investigaciones de la Unidad Regional tucumana, de allí fue llevado Pablo Guillermo, en avión, a Buenos Aires, a disposición del juez Juan Carlos Fontenla.
En la estación aérea a la que debía llegar, se instaló un operativo importante para sustraer al preso de la curiosidad periodística. Al llegar, la policía aeronáutica lo bajó por la puerta trasera del avión, mientras los representantes de los medios de comunicación se veían forzados a seguir la acción desde la terraza del aeródromo.
El detenido fue alojado, después, en la cárcel de Villa Devoto, mientras su hermano permanecía en la unidad penitenciaria de Caseros.
La Justicia, en tanto, avanzaba en la investigación, rumbo al total esclarecimiento del hecho, caratulado como “Homicidio calificado, agravado por el vínculo”.
No se sabía todavía cual de los dos hermanos había cometido el doble crimen. Y hasta se dudaba, no obstante los indicios reunidos, que fueran ellos los autores. Porque ante lo que podría lindar con lo increíble, se pensaba que Sergio y Pablo podrían encubrir, por motivos relacionados con la actividad de su padre, al autor verdadero de los crímenes.
Trabajaba arduamente el Cuerpo Forense de Tribunales, en la verificación de la doble muerte por “asfixia por estrangulamiento”, tal como había establecido la autopsia de los cuerpos de las dos víctimas, en tanto la defensora oficial, doctora Berra de Aleman, se hacía cargo también de la defensa de los hermanos detenidos.
Se reconstruyeron, con los escasos elementos de que se disponía, las características del episodio en el suntuoso cuarto piso del edificio del barrio de Belgrano, ubicado en calle 3 de Febrero señalada con el número 1480.
Se trató de establecer, desde luego, el grado de imputabilidad de los dos hermanos. Su estado mental y su capacidad para delinquir.
Se dispuso, también, un embargo de dos mil millones de pesos sobre bienes que poseían los dos hermanos.
El juez civil Horacio Magliano, en la empeñosa búsqueda de nuevos indicios para esclarecer el doble crimen, ordenó abrir una caja de seguridad que una de las víctimas, Mauricio Schoklender, tenía en el Banco Alemán Transatlántico; nombrando, con carácter de administrador judicial para que se hiciera cargo de lo hallado, al doctor Jorge Romano, familiar de los imputados.
A tal efecto, ordenó formalizar un inventario de los bienes y efectos personales hallados, en el marco del juicio sucesorio que había entablado en Tribunales Ana Valeria, la hija menor del matrimonio asesinado, tan solo una semana después del hecho. Porque esta última, ignorando tal vez la magnitud del drama o aturdida por los hechos, ya había hecho los trámites sucesorios de los bienes de sus progenitores.
Ana Valeria, además, a través de su abogada Liliana Mantera, emitía una declaración pública, destinada a destruir versiones sobre inconducta e inmoralidad del grupo familiar.
Y otro abogado –Pedro Eduardo Bianchi, conocido penalista, defensor de Sergio- presentaba catorce testigos, tendientes a acreditar lo contrario, en un esfuerzo evidente para favorecer a su defendido.
Varios de ellos eran de Tandil, donde estuvo recogiendo datos el mismo Bianchi.
Continuaremos, acerca de como fueron sucediéndose los hechos, en el próximo capítulo de esta historia dramática y cruel.
FOTO: Sergio Mauricio Shoklender
